En marzo de 2026, algunos medios de comunicación y páginas de RRSS difundieron el rumor que las comunarias y comunarios de Chiquiaca y Tariquia pagarían alrededor de 2 millones (sin determinarse si eran dólares o bolivianos) a YPFB y Petrobras como "resarcimiento de daños y perjuicios causados", frase mencionada en la acusación formal que sin embargo no anotaba un monto fijo. El rumor fue utilizado por algunas personas afines a las empresas petroleras para intimidar más a los defensores judicializados. Este hecho desató, efectivamente, un efecto de miedo en los defensores y defensoras por la posible sentencia en favor de las empresas petroleras.