El 2 de octubre del 2024, YPFB inició una demanda penal que fue aceptada rápidamente por Héctor Acuña, Fiscal de Entre Ríos, en contra de 20 defensores, entre comunarios y líderes de Chiquiacá que se oponen a cualquier actividad hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Se los acusa de cometer 2 delitos: obstaculizar el ejercicio de funcionarios públicos y atentar contra el derecho al trabajo. Por los antecedentes y las características del hecho, esta acción tiene el objetivo de amedrentar a la resistencia de Tariquía que lleva años en la lucha por la defensa del territorio y del medio ambiente.